24 de abril de 2014

El Salvador: conozca a las mujeres que deciden desafiar al estado por el derecho al aborto

Por Claire Provost (The Guardian)
Traducido por Verónica Torrecillas

Cristina Quintanilla tenía 18 años en octubre de 2004, estando embarazada de siete meses de su segundo hijo, se desplomó dolorida en el suelo de su hogar familiar. “Sentí que me asfixiaba, como si no pudiera respirar”, relata conmovida por el recuerdo.

Quintanilla, que vive en San Miguel, El Salvador, cayó inconsciente y, sangrando con una fuerte hemorragia, fue llevada al hospital por su madre. Al despertar, mareada por la pérdida de sangre y la anestesia y la noticia de haber perdido a su hijo, cuenta que se sorprendió al encontrar junto a su cama a un policía y no a un doctor.

“Era extraño porque los doctores usan ropa blanca y éste iba de azul… Él me dijo, ‘desde ahora usted está bajo arresto’. Eso me confundió aún más”.

Cristina Quintanilla quedó detenida luego de perder a su hijo. Fotografía: Claire Provost para The Guardian

Quintanilla dice que fue interrogada cuando estaba todavía bajo los efectos de la anestesia. Fue esposada y trasladada del hospital a una celda en una prisión policial, acusada de haber matado a su hijo. Después de 10 meses, fue condenada por homicidio agravado y sentenciada a 30 años de prisión. “Era otra tragedia enorme en mi vida. Yo tenía un hijo de tres años. ¿Cómo podría estar con mi hijo, con mi familia, con una condena [como esa]?”

El Salvador posee una de las leyes de aborto más estrictas del mundo, donde se lo considera un delito incluso cuando la vida de la mujer está en riesgo. Las/os activistas de derechos humanos afirman que esto ha creado un sistema de persecución en los hospitales y tribunales del país, donde cualquier mujer, especialmente las mujeres pobres y las jóvenes que pierden a sus bebés, está bajo sospecha.

Decenas de mujeres como Quintanilla han sido presuntamente procesadas y detenidas por cargos de homicidio después de sufrir abortos espontáneos, parto de un mortinato, o emergencias obstétricas fuera de los centros de salud.

El abogado de Quintanilla, Dennis Muñoz Estanley, ha sido censurado por los conservadores. Fotografía: Claire Provost para the Guardian

Según la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, 129 mujeres fueron procesadas por delitos relacionados con el aborto en El Salvador entre el año 2000 y 2011, con 49 mujeres condenadas (23 por aborto y 26 por homicidio).

En un informe publicado con el Centro de Derechos Reproductivos, la Agrupación sostiene: “La aplicación de la ley del país contra el aborto ha tenido graves consecuencias en hospitales y centros médicos, donde se presume que cualquier mujer que llega a una sala de emergencias con una hemorragia es una criminal”.

En muchos de los casos documentados, las/os trabajadoras/es de la salud han denunciado a las mujeres ante la policía.

Quintanilla fue puesta en libertad en 2009 después de que la corte suprema dictaminara que su condena era excesiva. Actualmente ella forma parte de un pequeño pero creciente movimiento determinado a desafiar la ley.

“Lo que yo sufrí es como un motor que me impulsa para hacer cosas que a veces me cuesta creer. Lo hago para apoyar a otras mujeres. Es injusto que nuestro poder jurídico tenga estas leyes que hacen tanto daño “, dijo Quintanilla, que fue acusada de asesina de niños en los medios locales y perdió contacto con su pareja.

Las activistas lanzaron este mes una campaña para exigir la absolución oficial de 17 mujeres que se encuentran cumpliendo condenas de prisión hasta de 40 años. La mayoría indican que fueron procesadas después de sufrir complicaciones obstétricas fuera de un centro médico.

Leyes sobre aborto

Durante los últimos 30 años, decenas de países liberalizaron sus leyes de aborto. Sin embargo, un puñado de ellos, incluyendo El Salvador, Nicaragua y Chile, las han endurecido.

En 1998, un nuevo código penal en El Salvador anuló algunas excepciones que antes permitían el aborto. Ahora todo aborto es ilegal, independientemente de las circunstancias. En 1999, la constitución del país fue modificada para reconocer el derecho a la vida desde la concepción.

El año pasado, hubo una condena internacional contra el rechazo de la corte suprema a autorizar un aborto terapéutico a una mujer de 22 años que padecía de lupus, a quien se conoce como Beatriz, cuya vida se consideraba que corría riesgo y cuyo feto no era viable. Amnistía InternacionalHuman Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresaron su preocupación.

La salud de Beatriz se deterioró y se le practicó una cesárea para salvarle la vida a las 27 semanas de gestación. El bebé murió horas más tarde.

Entre los destacados defensores de la prohibición del aborto en El Salvador hay altos miembros de la Iglesia Católica, del partido de la Alianza Republicana Nacionalista y del influyente grupo de presión Sí a la Vida.

Mientras se debatía el caso de Beatriz, José Luis Escobar, arzobispo de San Salvador, presuntamente sugirió que para ella sería inhumano y “contrario a la naturaleza” practicarse un aborto, diciendo: “Ella [Beatriz] ciertamente tiene problemas de salud, pero no corre un riesgo grave de muerte. Ya que es preciso salvar la vida de los dos, debemos preguntarnos quién tiene más peligro de muerte. Creemos que quien está en mayor peligro es el feto”.

Morena Herrera, líder de la Agrupación y La Colectiva Feminista de San Salvador, dijo que el estigma y presión pública que rodean al aborto hacen difícil expresarse para quienes están en desacuerdo.

“La gente tiene miedo de … ser señalada en la iglesia, en la comunidad, incluso a veces en la familia”, expresó. “Algunas personas creen que defendemos el aborto y no los derechos de las mujeres. Piensan que no nos gustan los niños y las niñas. En ocasiones sufrimos amenazas.”

El abogado de Quintanilla, Dennis Muñoz Estanely, actualmente está tachado como un “abogado pro aborto” por los conservadores . Muñoz Estanley, que ahora es también asesor legal de la Agrupación, dice que su hija ha sufrido discriminación en la escuela y que ha sido difícil convencer a otras/os abogadas/os de defender casos como estos.

El caso de Beatriz, sin embargo, ayudó a cambiar el tono del debate público, dice Herrera. “Su situación y sus pedidos y el temor de los médicos de intervenir dejaron al descubierto lo absurdo de la situación. Hay un antes y un después de Beatriz para nosotras, porque muchas personas dijeron que no tenía sentido que no se le diera permiso [para interrumpir el embarazo]”.

“Muchas personas piensan que la ley ahora debe ser modificada”, agregó.

Rosa María Hernández, presidenta de Católicas por el Derecho a Decidir, coincide. Dice que hay un número creciente de católicas/os que critican la ley de aborto, aunque carecen de un espacio donde discutirla.

“La penalización absoluta del aborto ha sido uno de los grandes retrocesos que ha tenido El Salvador”, dice.

Mientras que una mujer rica puede dejar el país para practicarse un aborto o acudir a una clínica privada donde no la denuncien, la mayoría de las mujeres no tienen esas opciones, y agrega: “Si eres pobre y quieres hacerte un aborto debes entonces esperar la prisión o la muerte.”

Además de la campaña de indulgencia para 17 mujeres detenidas, las activistas presentaron causas contra el gobierno salvadoreño ante la CIDH. Una de ellas fue presentada en nombre de Beatriz y otra en nombre de “Manuela”, madre de dos hijos que falleció por un linfoma de Hodgkin cuando cumplía una condena de 30 años de prisión por homicidio agravado.