26 de febrero de 2014

Las mujeres centroamericanas ponen en juego su vida por los derechos humanos

Por Jo Tuckman (The Guardian)
Traducido por Verónica Torrecillas

Nadie podría acusar a Berta Cáceres de debilidad. Esta importante activista indígena hondureña ha resistido numerosas amenazas, un hostigamiento judicial sistemático y campañas de desprestigio por sus esfuerzos para que los territorios indígenas en Honduraspermanezcan libres de empresas que saquean los recursos naturales.

Cáceres describe todo esto como “parte de la lucha”, pero afirma que sin la solidaridad de sus compañeros/as, todo podría acabarse. “La solidaridad es la razón por la que estoy viva y por la que estoy aquí,” dijo en un encuentro reciente de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) en la capital mexicana. “Y desde luego, estamos comprometidas a continuar”.

IM-Defensoras es una iniciativa que lleva ya tres años trabajando con esfuerzo. Se vuelca en ofrecer a las mujeres defensoras de derechos humanos de la región, mecanismos de protección con sensibilidad de género y adaptados a diversos contextos, que vayan más allá de los habitualmente enfocados en organizar algún tipo de vigilancia y protección policial o facilitar el exilio.

La iniciativa incluye a activistas por los derechos de las mujeres que, como Cáceres, se dedican a grandes campañas colectivas para defender los derechos culturales y a la tierra o, como las de El Salvador que apoyan a las mujeres que fueron detenidas por aborto y que cumplen fuertes condenas, incluso cuando la vida de la mujer corre peligro a causa de un embarazo.

Cualquiera que sea su causa, las organizadoras de IM-Defensoras afirman que las activistas en Centroamérica cada vez son más el blanco de la violencia criminal desenfrenada. Esa violencia es alimentada por la descomposición institucional que hace que la ayuda oficial de protección resulte muy pocas veces efectiva y sea de poca confianza. La iniciativa documentó 414 ataques contra mujeres activistas entre 2010 y 2012, un período en el que dicen, que 48 mujeres fueron asesinadas, y en la mayoría de los casos se culpa al estado.

“El principio que rige es saber que cada defensora de derechos humanos necesita seguir haciendo su trabajo,” dice Cristina Hárdaga, del grupo internacional feminista Just Associates, una de las seis organizaciones que lanzaron la iniciativa en 2010. “Intentamos analizar la situación y diseñar las medidas de protección necesarias”.

La iniciativa se erige alrededor de la creación de redes nacionales de activistas. Hasta ahora, se establecieron redes en México, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, con unos 360 miembros. El plan consiste en expandir estas redes y forjar otras nuevas en Costa Rica y Panamá.

La importancia de las redes radica en parte en el reconocimiento de que las activistas habitualmente pueden contar con menos apoyo que los hombres desde su familia o sus organizaciones. Por ejemplo, una líder en situación de peligro tiene muchas más probabilidades de enfrentarse a la presión familiar o incluso de sus colegas varones para abandonar el activismo.

“La perspectiva de género implica reconocer que las defensoras ya han roto las reglas,” explica Hárdaga. “Ello repercute en el tipo de agresión y también en las redes de apoyo que poseen”.

Las redes son la base de la mayoría del trabajo de IM-Defensoras. En momentos de emergencia, las redes pueden atraer la atención hacia una amenaza verosímil de muerte u organizar por ejemplo un exilio temporal. . Ellas trazan estrategias que toman en cuenta complicaciones tales como cuando una activista tiene hijas/os.

Pero la iniciativa también reconoce que los efectos de una emergencia aún pueden sufrirse después de que el peligro inmediato se haya apaciguado.

“Ya no vives del mismo modo [después de una amenaza]”, dice la activista Ana Karina López, que recibió amenazas vinculadas a su trabajo con el grupo de mujeres VIH positivas en Tamaulipas, un estado mexicano conocido por la violencia relacionada con las drogas. “Vives consciente de que podrías ‘desaparecer’ en cualquier momento. Te encuentras preguntándote en qué momento vas a ser ejecutada”.

López dice que ella extrajo fuerzas de la red mexicana durante una protesta reciente que duró un mes y que se realizó frente al ministerio de salud de Tamaulipas, donde las manifestantes reclamaban acceso a la medicación para el VIH.

La iniciativa también anima a las activistas a atender el estrés que acumulan a causa de los ataques, amenazas, acoso sexual y campañas de difamación continuos. El riesgo de agotamiento aumenta ante el hecho de que la mayoría de las activistas no reciben un salario ni asumen un trabajo remunerado, mientras que a la vez dedican varias horas diarias a las labores domésticas.

Lolita Chávez, una activista guatemalteca K´iche’ (lengua maya) y madre de dos hijos/as, se vio i incapaz de comer en 2012 después de escapar de ser linchada por un grupo de asaltantes que, según ella, fue enviada por el jefe político local. A la vez fue tildada de terrorista, guerrillera, prostituta y demente. Comenzó a sentirse más optimista después de que la iniciativa organizara una campaña de envío de mensajes de apoyo.

“Me dije: ‘Quizás algunas personas piensan que soy terrorista, pero hay hermanas que me dicen que soy una defensora de derechos humanos'”, comenta. “Fue un contrapeso”.

Chávez también estuvo tres semanas en México en un taller que la ayudó a atender su salud física y mental que, como la mayoría de las activistas, había descuidado durante años.

“La iniciativa me ha llenado de vida, aunque hay muchas hermanas en otras partes que todavía esperan que les llegue este tipo de apoyo”, dijo Chávez en la reunión de la Ciudad de México. “Es posible hacer lo que hacemos y no ser mártires”.